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"Atacar a las radiotelevisiones públicas es atacar a la democracia"

    CCOO presentó un informe en el que concluye que otro modelo de televisión pública es posible. Un modelo en el que se racionalice el gasto dando prioridad al servicio público y al mantenimiento del empleo, en el que la información veraz y de calidad sustituya a la manipulación partidista y donde los intereses de la ciudadanía primen sobre los de los lobbies empresariales y grupos políticos

    07/11/2014.

    El Sector de Medios de Comunicación de FSC-CCOO celebró el miércoles en Madrid una jornada sobre "El futuro de la radiotelevisión pública", en la que participaron dirigentes del PSOE, IU, UPyD, Compromís y Podemos, así como expertos en materia audiovisual y profesionales de diferentes medios de comunicación.  

    Ante el visible deterioro sufrido por las emisoras públicas en el último período, CCOO ha manifestado siempre una respuesta contundente, a través de numerosas formas de movilización, en defensa no solo de los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras de los medios públicos, sino también haciendo un defensa feroz del derecho a la información. En este contexto, CCOO ha propuesto como alternativa la actualización de un modelo público audiovisual, con financiación suficiente, que ofrezca contenidos independientes y plurales a la ciudadanía, que permita la participación y cuya gestión garantice su estabilidad.

    En la mesa redonda, Óscar López (PSOE), Ricardo Sixto (IU), Luis de Velasco (UPyD), Julià Álvaro (Compromís) y Miguel Álvarez (Podemos) defendieron la necesidad de que existiera una radiotelevisión pública independiente para salvaguardar el pluralismo y la identidad cultural. También coincidieron en que la ley audiovisual actual debe modificarse en diferentes aspectos, por ejemplo, incluyendo medidas que impidan la concentración y el monopolio de las privadas. Por su parte, Podemos manifestó su alta coincidencia con las propuestas de CCOO.

    Se habló especialmente sobre la necesidad de reflexionar qué tipo de radiotelevisión pública se quiere en cuanto a contenidos, audiencia, difusión, gestión o financiación. También sobre la importancia del servicio público, o de denunciar y establecer mecanismos para evitar la manipulación informativa, entre otras cuestiones.

    En cuanto a Telemadrid, muchos coincidieron en que el ERE había sido "una purga política" y los representantes del PSOE, IU, Compromís y Podemos afirmaron que readmitirían a las personas despedidas. Sobre RTVV, estos cuatro partidos coincidieron en la voluntad de reabrirla, si bien Ricardo Sixto matizó que primero habría que saber en qué estado se encuentra la empresa, qué han vendido y qué no, para estudiar la posibilidad de su reapertura. Por su parte, UPyD declaró que en su partido tendrían que debatir tanto la situación de Telemadrid y de RTVV, como la de la ley audiovisual. 

    Propuesta de CCOO

    CCOO presentó un informe en el que concluye que otro modelo de televisión pública es posible. Un modelo en el que se racionalice el gasto dando prioridad al servicio público y al mantenimiento del empleo, en el que la información veraz y de calidad sustituya a la manipulación partidista y donde los intereses de la ciudadanía primen sobre los de los lobbies empresariales y grupos políticos.

    Para ello consideran necesario un profundo cambio legislativo y político. El primer paso consistiría en modificar la Ley General de la Comunicación Audiovisual, fundamentalmente sobre dos ejes: impedir la transferencia a operadores privados de la gestión y explotación de las empresas de comunicación de titularidad pública; y revisar el reparto y las concesiones del espacio radioeléctrico, con el fin de evitar situaciones de monopolio.

    Asimismo, alertan de una nueva ley que amenaza a la radiotelevisión pública en España, la Ley de Telecomunicaciones, 9/2014 de 9 de mayo, que se establece como una plataforma para la ocupación del espectro radioeléctrico y la difusión de contenidos de comunicación electrónica por parte de las grandes compañías privadas. Esta nueva disposición legislativa termina de liberalizar casi por completo el espacio radioeléctrico y lo pone en manos de los grandes consorcios de telecomunicaciones, especialmente Telefónica, y le sirve en bandeja su entrada casi monopolística sobre el ámbito de las comunicaciones audiovisuales.

    CCOO ha hecho aportaciones críticas desde un primer momento para una legislación del sector audiovisual que preservara el espacio radioeléctrico de su privatización y articulara un modelo audiovisual de servicio público. Pero la legislación ha ido en un sentido contrario y por ello creen imprescindible adoptar este decálogo de medidas:

    1. Una modificación radical de las leyes que regulan el sector, considerando dentro de ellas todo los contenidos audiovisuales que se difunden a través del espacio radioeléctrico, afectando por tanto a las telecomunicaciones.

    2. La recuperación de la capacidad productiva y de servicio al ciudadano de las radiotelevisiones de la Comunidad de Madrid, País Valencià, Región de Murcia, Illes Balears.

    3. El cese del proceso de privatización y de las amenazas contra el resto de radiotelevisiones públicas, CRTVE, las autonómicas y las locales, estableciendo por ley de manera clara su carácter de servicio público esencial a la comunidad.

    4. La consideración taxativa del espacio radioeléctrico como espacio público objeto de preservación por parte de la administración pública, estatal, autonómica y local, y legislar, por tanto, sobre el control de la gestión de este ámbito de difusión de los contenidos audiovisuales.

    5. La protección por ley de los archivos audiovisuales históricos de CRTVE y de las radiotelevisiones autonómicas y locales, estableciendo su propiedad pública perpetua y el libre acceso de la ciudadanía.

    6. Dotar a las empresas públicas de financiación estable y suficiente, que garantice su viabilidad y las libere del endeudamiento permanente.

    7. Velar por el cumplimiento de condiciones laborales y salariales dignas en todo el sector.

    8. Establecer mecanismos de participación de los trabajadores en la gestión económica y organizativa de las empresas.

    9. Asegurar la participación e interacción de los ciudadanos, tanto en una adecuada cuota de la programación como en la defensa de sus derechos como audiencia.

    10. Establecer, por ley, la obligación de la objetividad y la pluralidad en los medios audiovisuales de titularidad pública y constituir los organismos de control necesarios y efectivos para su vigilancia.