Fachada el Ministerio de Justicia en Madrid.
Se ha publicado en el BOE de 10 de noviembre de 2020, el anuncio de la adjudicación a las empresas Seprotec y Ofilingua, de los servicios de ‘Interpretación y traducción’ en los órganos judiciales adscritos a las Gerencias Territoriales del Ministerio de Justicia, nueva privatización de servicios públicos que, a juicio de CCOO, “es un claro intento de entregarlo completamente a empresas privadas”, cuyos intereses no son la defensa del servicio público y el acceso en condiciones de igualdad de toda la ciudadanía a la Administración de Justicia, sino el beneficio económico inmediato, para lo que se han destinado 2.762.580 euros de dinero público.
Para el sindicato no es tolerable la utilización de traductores externos, entre otras cosas, porque existen plazas vacantes en las Relaciones de Puestos de Trabajo, que la Administración se niega a cubrir por los sistemas de provisión previstos en el Convenio Único del personal laboral de la Administración General del Estado.
Desde el sector de la Administración de Justicia de FSC-CCOO, queremos poner de manifiesto la enorme contradicción por el hecho de que se privaticen servicios públicos que están prestando los traductores e intérpretes de la Administración de Justicia y se recurra a la subcontratación de empresas externas, cuando existen decenas de plazas vacantes que no se cubren de manera intencionada por Función Pública y el Ministerio de Justicia.
Esta contratación externa afecta a todas las comunidades con las competencias no transferidas del ámbito del Ministerio de Justicia (Gerencia Territorial de Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia) y a las ciudades de Ceuta y Melilla: en Burgos, 3 plazas (1 de rumano, 1 de árabes-francés y 1 de árabe); en Segovia, 1 de árabe-francés; en Ciudad Real 1 de árabe-francés; en Guadalajara 1 de árabe- francés; en Madrid, en la Audiencia Nacional, 3 de euskera, 1 de alemán, 1 de árabe, 1 de portugués; en Murcia 1 de árabe-francés; en Melilla 3 de árabe-francés; en Ceuta 1 de árabe francés, y en León 1 de árabe-francés.
La insuficiencia de personal viene arrastrándose desde hace años, debido a que no se cubren las vacantes, y ello tiene como consecuencia que en la mayoría de órganos judiciales se producen retrasos importantes en servicios vitales para la ciudadanía. Ante esta situación, el Ministerio de Justicia opta por la privatización en vez de recurrir a la convocatoria de esas plazas.
Pero si existe un severo déficit de traductores-intérpretes es en la Gerencia Territorial de Baleares, que no tiene cubiertas ni el 50% de las nueve plazas de plantilla, con las siguientes vacantes: en Palma de Mallorca, 1 de traductor de alemán-inglés; 1 en Menorca, de alemán-inglés; y, en Ibiza, 3 de alemán-inglés.
CCOO exige que se cubran en primer lugar las plazas vacantes y se convoquen en ofertas de Empleo Público (OEP) las plazas imprescindibles para atender las necesidades de traducción que solicitan los distintos órganos judiciales, ya que la cobertura de estos puestos de trabajo por empleados públicos es la forma para que se pueda atender con calidad a la ciudadanía.
En este tipo contrataciones por empresas externas a la Administración de Justicia, no se exige en los pliegos de condiciones ningún control sobre el personal que realizará dicho trabajo -si tienen la titulación necesaria o la cualificación profesional-, dejando la selección de personal a la decisión unilateral de esas empresas, que potencian la discrecionalidad frente al mérito y la capacidad. Hay que resaltar que la traducción y la interpretación son, en el marco del procedimiento penal, un elemento esencial para que las personas acusadas de un delito puedan ejercer su derecho fundamental de defensa.
La no cobertura de las plazas vacantes además supone un aumento de las cargas de trabajo, ya que el incremento del volumen de traducciones e interpretaciones y la plantilla actualmente contratada alcanza una ratio que se ha desbordado, como CCOO ha venido denunciando de forma reiterada.
Con este tipo de contrataciones no se pretende ahorrar, sino hacer negocio con los servicios públicos. Está demostrado que la opción de privatizar servicios públicos es mucho más cara. Así lo ha reconocido incluso el Tribunal de Cuentas, que ha resuelto que la gestión pública es más barata que la gestión privada. Con los 2.700.000 euros destinados a las empresas Seprotec y Ofilingua, se podrían crear casi el doble de plazas de traductores de las ya existentes.
CCOO rechaza y denuncia esta decisión, la considera intolerable, porque es contraria a los intereses de la ciudadanía y carece de argumentos que la sostengan. No consta que se haya realizado un estudio detallado previo que justifique esta privatización, con la que, sin más, se rechaza cualquier otro mecanismo para atender las necesidades de los órganos judiciales en la realización de traducciones e interpretaciones.
CCOO apuesta y defiende el empleo público puesto que es la mejor garantía para dar unos servicios de calidad a la ciudadanía, a la vez que se crean puestos de trabajo para muchas personas que esperan la oportunidad para formar parte de dichas plantillas de los servicios públicos.
