FSC-CCOO Extremadura | 26 febrero 2024.

El Sector de la Administración de Justicia de FSC-CCOO valora con muchas cautelas el anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobado por el Gobierno

    El sindicato exige la inmediata negociación de las nuevas plantillas de personal funcionario de los juzgados de instrucción y fiscalías necesarias para que el Ministerio Fiscal pueda asumir la investigación de los delitos, así como de la modificación de las condiciones de trabajo que puedan derivarse de esta medida.

    25/11/2020.
    Sala judicial

    Sala judicial

    CCOO se plantea serias dudas que afectan la independencia del Ministerio Fiscal para la investigación de los delitos y hace las siguientes valoraciones:

    El Ministerio Fiscal no es una institución independiente en la actualidad: es el Gobierno quien nombra a su titular de forma discrecional. Éste, a su vez, nombra discrecionalmente a los cargos de mayor responsabilidad de las fiscalías, y ellos, a su vez, también de forma discrecional nombran a los puestos intermedios. Y todo el personal de la carrera fiscal está obligado a actuar acatando las directrices de la Fiscalía General del Estado.

    El ministro Campo ha anunciado que la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal obligará a modificar el Estatuto del Ministerio Fiscal y, para garantizar la independencia de los y las fiscales en la investigación de los delitos respecto a los gobiernos de turno, es imprescindible modificar el sistema de nombramiento del/la Fiscal General del Estado y que sean el mérito y la capacidad los que determinen los nombramientos en las jefaturas y puestos intermedios de las fiscalías. De lo contrario, este nuevo modelo de proceso penal estará abocado al más rotundo fracaso.

    El traspaso de la investigación criminal al Ministerio Fiscal en el proceso penal no es una prioridad ante los gravísimos problemas que afectan a la Administración de Justicia. Para atender la sobrecarga de trabajo actual en multitud de órganos judiciales, fiscalías y servicios no jurisdiccionales lo urgente es:

    • Incrementar el número de oficinas y plantillas de todos los cuerpos funcionariales y categorías profesionales del personal laboral.

    • Mejorar significativamente los sistemas informáticos de gestión y comunicación.

    • Efectuar un verdadero plan de formación continua del personal, especialmente orientado a las nuevas tecnologías.

    • Profesionalizar y especializar a los trabajadores y las trabajadoras a través, junto a la formación profesional, de Ofertas de Empleo Público con todas las vacantes, de una verdadera carrera profesional y de la clarificación de las funciones de cada puesto.

    En el ámbito puramente laboral, CCOO prevé que este traspaso de competencias desde los juzgados de instrucción a las fiscalías va a suponer una modificación de las cargas de trabajo de las oficinas judiciales y fiscales y, por tanto, del número de personal funcionario de cada una de ellas, por lo que ha exigido al Ministerio de Justicia el comienzo inmediato de las negociaciones con el objeto de garantizar que no habrá rebaja en las retribuciones ni procesos forzosos de movilidad ni reducción del número total de puestos de trabajo en la Administración de Justicia, dadas las acuciantes necesidades de personal.