El presupuesto de la nueva licitación equivalente a casi la mitad del gasto anual de personal de la radio y la televisión pública.
Son 400.000 euros más a pesar de recoger el mismo personal con igual sueldo que hace tres años.
El pliego incumple las recomendaciones para evitar cesiones ilegales de la propia administración general.
La nueva licitación propone menos horas de trabajo efectivo que la propuesta de internalización presentada por los sindicatos.
Con el dinero invertido en esta privatización se crearían más de 30 puestos de trabajo directos y se abriría la posibilidad de traslados y promociones.
La dirección de Canal Extremadura ha publicado nuevamente el pliego para la privatización de una parte importante de la producción de noticias para los informativos. Hay que apuntar que desde 2018 existe una hoja de ruta consensuada entre las partes para tratar de internalizar este servicio y no recurrir a estas licitaciones.
SUBCONTRATACIÓN CONTRARIA A LOS CRITERIOS DE LA PROPIA ADMINISTRACIÓN
Pese a ello, los órganos de dirección de la CEXMA no han hecho nada para tratar de revertir una situación que contradice incluso las normas de la propia administración. Normas que tratar de evitar situaciones irregulares con el personal subcontratado y que indican que no se debe recurrir a subcontrataciones que tengan que ver con la actividad principal, con funciones que desarrolla el personal propio o para suplir carencias de personal. Pues bien, según detalles de la propia licitación “se requiere la prestación del servicio de una entidad especializada que aporte aquellas coberturas diarias que no pueda asumir la redacción de informativos por su insuficiencia de medios propios, tanto humanos como técnicos.” Por otro lado, no deja de sorprender que mientras la dirección de la CEXMA no pierde ocasión en sugerir un abultado coste y tamaño de la plantilla propia por otro lado esté dispuesta a invertir una gran cantidad de dinero en complementarla con personal subcontratado.
PRIVATIZAR ES MÁS CARO QUE EL EMPLEO PÚBLICO
CCOO sigue defendiendo que es falso que las privatizaciones salgan más baratas. Los 3,6 millones que la CEXMA está dispuesta a invertir suponen un notable incremento de más de 400.000€ respecto al presupuesto de licitación anterior. Esta cantidad daría un presupuesto anual de 1,2 millones, cantidad aproximada con la que se podrían pagar entre 32 y 36 contratos directos en las categorías que se subcontratan. No obstante, el estudio elaborado en 2018 sobre la internalización del servicio ya recogía la idea de una posible ampliación de plantilla no tan abultada que además contribuyera a reducir la factura de los informativos y la maltrecha economía de la CEXMA. Además, como dato apuntar que el número de horas detallado en el pliego de este servicio es de un total de 28.904 (incluyendo 1.820 en Madrid). Un número de horas que se cubriría con creces con la propuesta sindical que se concretaba en el citado estudio con la creación de 20 puestos directos, lo que implicaría una jornada anual de 32.700 horas.
TRABAJADORES Y TRABAJADORAS CON MISMO TRABAJO Y DISTINTO SUELDO Y CONDICIONES
Precarización del empleo. Mientras que todo el personal de Canal Extremadura cuenta con contratos a jornada completa, la CEXMA incluye en el pliego 17 contratos a tiempo parcial. Para CCOO es un auténtico disparate que para la prestación de un servicio público con una producción estable y permanente se utilicen contratos precarios y más aún que este tipo de contratos se promuevan desde una empresa pública que debe ser ejemplo de calidad en empleo.
CCOO afirma que las privatizaciones se mantienen a costa de los derechos y los salarios de los trabajadores y trabajadoras. Solo un dato: los salarios de los trabajadores y trabajadoras que se adscriben a este servicio recogidos en el actual pliego son exactamente los mismos que en el pliego de 2018. ¿A qué se debe entonces el incremento del presupuesto si no hay un incremento de los salarios? Otro dato: de los 1,2 millones de euros que podría costar este servicio al año tan solo en torno a 600.000€ se destinarían a salarios y seguridad social. Una vez más se constata que las privatizaciones se sustentan en bajos salarios y precariedad mientras empresas privadas hacen negocio a costa de los trabajadores y trabajadoras y de lo público.
Además, las privatizaciones generan profundas desigualdades entre trabajadores y trabajadoras, hacen a los y las profesionales más vulnerables frente a posibles presiones que podrían poner en entredicho la independencia de la información. La convivencia de este sistema público-privado da lugar a salarios muchos más bajos pese a realizar el mismo trabajo. Unas diferencias aún mayores si tenemos en cuenta que en torno a la mitad del personal de la subcontrata trabaja a tiempo parcial. Desigualdades que se dan en otros aspectos como vacaciones, turnos, horarios, días de asuntos propios, acceso a formación o salud laboral. Aspecto este último puesto de especial relevancia durante la pandemia, ya que mientras en la CEXMA se ha implementado el teletrabajo no ocurre lo mismo con el personal subcontratado que se encuentran adscrito a una prestación de servicio que prácticamente se lo impide. Una situación que genera diferencias notables en el acceso a medidas de protección de la salud.
MENOS DERECHOS PARA LA PLANTILLA
También la plantilla de la CEXMA sale perjudicada, impidiéndose que el personal fijo tenga derecho a la promoción interna y movilidad geográfica como debería tenerlo si se convocaran plazas en lugar de subcontratar. En 15 años de vida de Canal Extremadura nunca se ha ofrecido ninguna plaza a promoción y tan solo 2 en traslado. Pero el perjuicio no solo es para el personal de la CEXMA, sino que tampoco el resto de profesionales de la región tienen la opción de optar a un puesto en un proceso selectivo.
LEY DE CEXMA Y OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO
Por último, desde CCOO queremos recordar que para solucionar esta situación es fundamental la implicación política. Es fundamental que la gestión directa que la Ley de la CEXMA prevé se traduzca en que así sea al menos en los informativos. Para ello es necesario que se recoja explícitamente en una nueva Ley, en línea como la propuesta que en su día presentó en grupo socialista y que ahora, en el gobierno, parece haber olvidado. También es clave, que se prohíba la subcontratación de la actividad principal de una empresa como otros grupos públicamente han defendido y que desde aquí exigimos.
Con esta decisión la cadena pública se muestra dispuesta a gastarse 3,6 millones de euros en los próximos tres años en lugar de seguir el camino acordado con los sindicatos de avanzar hacia un modelo de gestión directa de todo el personal de los informativos que evite el encarecimiento del servicio, la precarización del empleo y profundas desigualdades entre profesionales. Un camino que pasa por negociar una oferta pública de empleo.
