CCOO y UGT, sindicatos mayoritarios en Correos, han denunciado que la dirección de la empresa ha cambiado las instrucciones de entrega de las notificaciones, burofax y telegramas, obligando a que el destinatario/a tenga que estampar su firma por dos veces, en el terminal PDA y en el resguardo de papel del acuse de recibo. Desde el inicio de la pandemia, todos estos envíos no se entregaban bajo firma, sino que se evitaba el contacto físico entre cartero/a y destinatario/a, y se le entregaba el envío previa identificación fehaciente del mismo, siendo legalmente válida la entrega. Así ocurría también con el resto de envíos registrados, como la paquetería, e incluso con la documentación del voto por correo.
Los sindicatos denuncian que este cambio de operativa, determinado motu proprio por Correos, sin negociación alguna con los representantes de los trabajadores/as y sin que le obligue ninguna disposición legal o sanitaria, multiplica innecesariamente el riesgo de contagio de los trabajadores/as de reparto, que además se convertirán en un vector de transmisión de la enfermedad a la ciudadanía, al hacer firmar a un destinatario tras otro en el mismo terminal, y compartiendo bolígrafos. La dirección ha implantado este cambio de manera ilegal, al omitir la obligación legal de consultar a los trabajadores/as, a través de sus representantes, las decisiones organizativas que puedan afectar a la salud y seguridad de la plantilla. Tras la denuncia, la dirección de la empresa se reafirma en que, a su juicio, no existe un incremento del riesgo porque el repartidor/a lleva mascarilla y un frasquito de gel, y además puede “estirar los brazos” para que le firmen sin riesgo. La medida se anunció el pasado viernes a última hora sin dar posibilidad de respuesta, y ha entrado en vigor directamente esta misma mañana, causando una gran indignación entre el personal, y sorpresa entre los ciudadanos/as, que reciben los envíos con recelo ante el cambio de operativa.
En esta ocasión, parece que Juan Manuel Serrano quisiese ponerse al frente de la “política del botellón” desatada por todo el Estado ante el final del estado de alarma, aunque no es la primera vez que transgrede la legalidad en materia de seguridad y salud. Hace poco más de un año, trabajadores/as y sindicatos tuvieron que plantarse ante las órdenes dadas personalmente por el propio Juan Manuel Serrano que obligaba, a pesar de carecer de medidas de seguridad alguna, a los trabajadores/as a salir a la calle a repartir y a atender a la ciudadanía en las oficinas, llegando a negar el propio Serrano la necesidad de mascarillas y de otras muchas medidas de seguridad. Las consecuencias de dichas órdenes llevaron a que los trabajadores/as de Correos fuesen el segundo colectivo más afectado por contagios por COVID, solo por detrás del personal sanitario.
Esta vez, el presidente de Correos vuelve a demostrar su desprecio a la ley, y que lo único que le importa es mantener la producción de la empresa sin importar la salud de los trabajadores/as, ni en Correos, ni en otras empresas del grupo empresarial, como Correos Express, en la que se contrata a trabajadores/as autónomos, que progresivamente van asumiendo el trabajo del personal de la empresa matriz, en lo que solo puede calificarse como una devaluación y precarización del empleo.
CCOO y UGT recuerdan que desde el pasado mes de abril se han iniciado movilizaciones en Correos, para exigir al Gobierno, que es el responsable último de garantizar el servicio postal a la ciudadanía, que corrija la nefasta gestión de recortes emprendida por Serrano, que abocan a la empresa pública a un cambio de modelo de servicio público hacia otro logístico y de paquetería en el que prime solo la rentabilidad.
